Una niña trata de entregarle una carta manuscrita al Ministro Gabilondo —que en muy poco tiempo ha conseguido alcanzar el primer puesto en la categoría de responsables de educación a olvidar, desbancando, aunque parezca imposible, a Javier Solana— en la que le pide que le devuelvan sus sobresalientes. Habrá copiado, pensé, y como no está matriculada en la Universidad de Sevilla, le habrán suspendido. No, demasiado joven... simplemente había cometido la grave infracción de responder las cuestiones en español. Antes de rasgarnos las vestiduras y convertir de nuevo la columna en una cruzada contra el nacionalismo, asegurémonos de encontrar a los responsables: el hecho se produjo en la Comunidad Valenciana, aquí al lado, gobernada con mano firme por el Partido Popular desde hace eones. Saltémonos los vericuetos legales y las trampas de la administración, y pensémoslo fríamente: ¿Cómo es posible que el sistema educativo español, sea cual sea su ramificación autonómica, castigue a quien usa el español? ¿Qué clase de sociedad podrida y acogotada por mil y un traumas es capaz de permitir esto? ¿Existe algún partido político en España al que esto le parezca no ya demencial, sino simplemente injusto? Quizá en esta última cuestión encontremos la base del problema, la unificación de pensamiento en aras de un país que contempla este fenómeno como si fuera lo más normal del mundo. Hoy, que tengo el visionado de Alta Fidelidad muy reciente —tanto la película como el libro de Nick Hornby son muy recomendables para los amantes de la cultura pop—, estamos con las listas: Ministros de Educación lamentables y desvaríos que frisan la leyenda urbana. Número uno: que te suspendan por usar el español. Número dos: que te multen por rotular en español. Número tres... les dejo a ustedes, que seguro que se les ocurre también alguna buena.
Columna aparecida en el Heraldo de Aragón del 4 de Febrero de 2010
