Hace unos pocos días el Consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Abad, presentaba el borrador del anteproyecto de Ley de Convivencia para la comunidad gallega. Uno de los puntos más interesantes del mismo es el reconocimiento del docente como autoridad pública, de manera que los profesores cuenten con protección jurídica específica. Aunque la crisis en la educación española está muy lejos de solucionarse, pequeños pasos como este permitirían, sin ninguna duda, generar un clima renovador, además de proporcionar un espacio para la reflexión. Las taifas militantes en cada comunidad, la palabrería barata, el negar que la mecanización es una de las bases para el aprendizaje o el déficit en la comprensión lectora están llevando a la degradación de un modelo educacional zancadilleado por los dos partidos en su baile absurdo de poder. Un modelo que pide a gritos un pacto de estado y sí, me atrevo a decirlo desde aquí, una restitución de competencias para la normalización de los programas didácticos. Puedo utilizar a los Simpsons para contextualizar el estudio del sistema métrico decimal en mi clase, pero no por ello arrinconar la tiza y la pizarra. Puedo proyectar una película que sea el vehículo perfecto para la asimilación de unos contenidos sí y sólo sí consigo que se escuchen los diálogos. Un profesor nunca podrá ganarse el respeto de sus alumnos en clase a base de gritos o amenazas, pero la dignificación a través de elementos como los previstos por la ley gallega debería ser capaz de vertebrar una renovación imprescindible en los centros de primaria y secundaria. No se trata pues de trasladar modelos caducos al presente, se trata de respaldar la profesión, generar un entorno de respeto, conseguir que los profesores y los maestros se preocupen únicamente por hacer lo que mejor saben: enseñar.
Columna aparecida en el Heraldo de Aragón de 6 de Enero de 2011
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